Los alcaldes de Los Palacios y Villafranca y de Lebrija (Sevilla), Juan Manuel Valle (IP-IU) y José Barroso (PSOE), respectivamente, han calificado de «hito histórico» que se suprima el cobro de peaje a los usuarios de la autopista AP-4 entre Sevilla y Cádiz a partir de las 00,00 horas de este miércoles, 1 de enero de 2020.

En declaraciones a Europa Press, el alcalde de Los Palacios ha valorado la liberalización de esta autopista, «una reivindicación muy deseada y justa» que pone fin «a un déficit de infraestructuras en toda la comarca del Bajo Guadalquivir».

«Cádiz y Sevilla eran las dos únicas provincias no conectadas por una autovía gratuita», ha explicado el primer edil de Los Palacios, asegurando que de este modo se pone fin a una «discriminación doble».

Desde el año 2004, «se acordó pagar a la concesionaria para compensar el tramo de Jerez a Puerto Real, pagando más de 100 millones de euros por ese tramo, mientras que en Sevilla los ciudadanos tenían que pagar». «No solo no existía la autovía gratuita, sino que lo pagamos todos los andaluces», ha reprochado Juan Manuel Valle.

Respecto a la N-4, carretera que también une ambas provincias, el alcalde ha lamentado que «durante años se han sufrido muchos accidentes mortales, pues es una carretera con gran peligrosidad».

Asimismo, Valle ha celebrado que «a mitad de este año» se terminarán las obras de desdoblamiento de la N-4 entre Los Palacios y Dos Hermanas. «Un tramo de 8,3 kilómetros, según nos confirmó el subdelegado del Gobierno en Sevilla, Carlos Toscano, vamos a pasar de no tener ni una autovía a tener dos, vamos a estar ubicados en un sitio estratégico», ha resaltado el alcalde.

«UN GRAN LOGRO»

De su lado, el regidor de Lebrija, el socialista José Barroso, se ha mostrado «súper feliz y contento» por esta liberalización. «De tener que pagar siete euros para ir y volver a Sevilla desde el municipio a poder ir a Sevilla sin tener que pagar ese precio, es un gran logro para todos los estudiantes y todas las personas que van a trabajar», ha argumentado.

Así, asegura el alcalde que los ciudadanos evitarán la N-4, ya que «son muchas las vidas perdidas allí». «Esta es la mejor manera de comunicar dos provincias», ha defendido, valorando que «esta era una de las reivindicaciones para el desarrollo económico».

Por último, Barroso continuará con otras reivindicaciones, como «el desdoble de la carretera autonómica A-471 desde Las Cabezas de San Juan hasta Sanlúcar de Barrameda» con el fin de «estar comunicados con las zonas costeras».

SUPRESIÓN DEL PEAJE

La supresión de las barreras de peaje en esta autopista es consecuencia de la conclusión del contrato de concesión de su explotación que actualmente tiene Abertis y su consecuente reversión al Estado.

Además, este miércoles también se suprime el peaje de la AP-7 entre Tarragona, Valencia y Alicante, siendo estas las segundas vías de pago en alcanzar el fin de su concesión, levantar el peaje y pasar a estar gestionadas por el Estado un año después de que lo hiciera la AP-1 Burgos-Armiñón, vía que gestionaba el grupo Itínere y que quedó libre de peaje el 1 de diciembre de 2018.

En todos los casos, es fruto de la decisión que adoptó el Gobierno actualmente en funciones de no prorrogar los contratos de concesión de autopistas de peaje que vencieran, para que reviertan así al Estado y dejaran de cobrar por su uso.

La AP-4 Sevilla-Cádiz cuenta con 93,8 kilómetros de longitud por los que actualmente circulan una media de 24.477 conductores al día, si bien esta cifra se eleva a casi 35.000 vehículos en los meses de verano.

Fomento, al hacerse cargo de estas vías, deberá encargarse también de su mantenimiento, que pasará a depender del erario público. Hasta ahora, lo costeaba Abertis a partir del peaje que cobraba a los usuarios de las vías.

No obstante, Fomento no ha podido resolver a tiempo el concurso público que lanzó para seleccionar la empresa a la que encargar estos trabajos de conservación y mantenimiento, estimado en 153 millones de euros.

Por ello, ha resuelto encomendárselo a través de ‘contratos de emergencia’ y hasta que se adjudique el contrato original a Sacyr, FCC y API Movilidad.

Estas empresas serán también las encargadas de desmontar las playas y casetas de cobro de peaje que hasta ahora la AP-4 y los referidos tramos de la AP-7 tienen instaladas.

Fomento no ha podido resolver el contrato dado que ha sido recurrido por Abertis ante las discrepancias que el grupo y el Ministerio mantienen sobre los trabajadores de la compañía que deben subrogarse en los trabajos de mantenimiento.

El grupo de autopistas ha pactado ya un ERE para 136 trabajadores de las autopistas, el 45,3% de su plantilla total, los ligados a la administración y cobro del peaje.

Estas dos nuevas autopistas levantan su peaje y vuelven al Estado mientras aún sigue pendiente el debate que el Ejecutivo ahora en funciones pretendía lanzar para consensuar un modelo de financiación de la red de carreteras, que pasa por sopesar la eventual articulación de una tasa por uso en toda la red de 12.000 autovías del país, una de las más extensas de Europa.