Altos cargos del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) y del Ministerio de Industria, concejales de Urbanismo y técnicos del Ayuntamiento de Almonte, además de responsables de empresas privadas, hicieron oídos sordos y se saltaron las distintas figuras de protección que blindan de toda remodelación arquitectónica al Palacio de Doñana -sede de la Reserva Biológica-, en las obras que se llevaron a cabo en 2015 en el edificio.

Así lo recoge la instructora de la causa, María Ángeles García, en el auto que ordena continuar las actuaciones por procedimiento abreviado, resolución que acaba de ser ratificada por la Audiencia Provincial de Huelva -en respuesta a los recursos presentados por las defensas de los investigados-, con la única excepción de la empresa que llevó a cabo las obras, que queda fuera al fallecer su responsable, cuya muerte determina la extinción de responsabilidad penal.

En su auto, al que ha tenido acceso ABC, la Audiencia onubense desestima el resto de los recursos afirmando que «se advierte que existen indicios que ponen de manifiesto la ilegalidad de al menos parte de las obras ejecutadas en el Palacio de Doñana, en atención a la protección del inmueble y al alcalde y naturaleza de aquellas».

En total, son ocho procesados los que se sentarán en el banquillo –en el momento en el que se abra fase de juicio oral- por supuestos delitos contra el patrimonio histórico y prevaricación, atribuibles este tipo delictivo al entonces secretario general del CSIC, a dos ediles de Urbanismo de Almonte, una arquitecta municipal y una asesora jurídica, además del jefe de la Oficina de Supervisión de Proyectos de la Subsecretaría del Ministerio de Industria.

El caso, denunciado por la propia Fiscalía de Huelva, arranca desde la publicación en BOE (noviembre de 2014) del concurso de obras para la remodelación del Palacio de Doñana, situado en el espacio natural en suelo no urbanizable de especial protección, en zona A del Plan de Ordenación del Territorio del Ámbito de Doñana (Potad) y con protección de grado 1 estructural conforme al Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Almonte. El edifico está además incluido en el catálogo municipal de Bienes y Espacios protegidos, lo que supone que las únicas obras autorizables son de conservación y mantenimiento, sin que se puedan alterar sus acabados y materiales.

Frente a estas figuras de protección, las obras implicaban demoliciones generales, sustitución de carpintería de madera original por obras de pvc, supresión de muros y construcción de nuevos tabiques, cierres de puertas y sustitución de ventanas exteriores por puertas de nuevo acceso a habitaciones en el ala sur, nuevos baños individuales y armarios, además de nuevas instalaciones de aire acondicionado.

El mismo secretario general de la agencia estatal CSIC, A.S.A., firmó el concurso «obviando el carácter protegido del edificio», remarca la instructora. Así, el proyecto de firmado por un arquitecto, obviando asimismo la protección del inmueble.

Según concreta la instructora en el auto ratificado ahora por la Audiencia Provincial, en febrero de 2015, se presentó por el CSIC y la constructora que ha quedado fuera de la causa, licencia de obras y proyecto básico supervisado por A.M.R., jefe de la Oficina de Supervisión de Proyectos de la Subsecretaría del Ministerio de Industria, que «obvió nuevamente la protección del inmueble».

Esta solicitud fue informada negativamente por el arquitecto municipal y se solicitó informe al Colegio de Arquitectos de Huelva –sobre adaptación al decreto andaluz de disciplina urbanística-, que no consta contestado –señala-, así como al director del espacio natural de Doñana, que fue favorable.

Conocían la especial protección

Poco después, en mayo de 2015, se presentó un nuevo proyecto reformado (por CSIC y la empresa), por el que se suprimía el porche exterior únicamente, manteniendo el resto de la reforma, supervisado favorablemente de nuevo por A.M.R.

Este reformado recibió el informe favorable tanto de la arquitecta municipal como de la asesora jurídica del Ayuntamiento de Almonte «aun con conocimiento de la especial protección del edificio y de que se había obviado este extremo en los proyectos».

Con estos informes, se concedió licencia de obra mayor en julio de 2015, firmado por la teniente de alcalde delegada de Urbanismo, Rocío Fátima Pérez Jiménez,

Según se recoge en el auto, entre ambos proyectos, la empresa comenzó las obras «sin haber obtenido licencia», y se inició expediente de restauración de la legalidad urbanística, en el que constan informes del arquitecto municipal y de asesor jurídico, en los que se dice que las obra no son legalizables y que han comenzado sin licencia.

«A pesar de ello y de que hay un informe técnico que califica los hechos como infracción muy grave conforme a la LOUA», en agosto de 2015, el teniente de alcalde de Urbanismo, Antonio José Díaz Trigueros, dictó decreto de archivo del expediente.

VÍA ABC